Los 'call center' tendrán que tener su propia oficina de quejas, según la nueva ley de hábeas data.Foto: Archivo / EL TIEMPO
Ley de hábeas data pondrá freno al mal uso de su información. Ciudadanos tendrán cómo quejarse.
Si con frecuencia recibe llamadas telefónicas en las que le ofrecen productos o servicios que no ha solicitado y, además, usted queda sorprendido con el nivel de conocimiento que ese extraño tiene sobre sus datos personales, muy pronto, cuando entre en vigencia la nueva ley general de protección de datos, tendrá herramientas para defenderse.
Las personas que lo llaman saben, muchas veces, más de lo que usted se imagina. No solo la dirección de su vivienda y sus números de sus teléfonos, sino su capacidad de endeudamiento, la edad de sus hijos y hasta sus hábitos de consumo. Incluso, a veces, tienen datos sensibles, como orientación sexual o filiación política.
Pero usted no tiene idea de quién está al otro lado de la línea y tampoco de cómo obtuvo sus datos. Y cuando lo pregunta, jamás se lo dicen.
Para equilibrar la balanza, la ley general de protección de datos -que está para sanción presidencial- obliga a crear el Registro Nacional Único de Bases de Datos, que hará visibles en Internet a las firmas que transan con su información. La idea es que allí el ciudadano tenga el detalle de qué y cuánta información tienen. Además de las líneas telefónicas en donde usted puede verificar quién lo llama, quejarse y hasta exigir que lo saquen de los listados. Si nada de esto funciona, puede denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pero ¿cómo es que saben tanto de nuestra vida? Germán Flórez, experto en informática y propiedad intelectual de la Queen Mary University, de Londres, explica: "Nosotros mismos entregamos los datos todos los días".
¿Recuerda aquella vez que llenó un formulario para participar en una rifa en un centro comercial o cuando se inscribió en el programa de puntos del hipermercado, compró un tiquete aéreo o una camisa, o creó un perfil en una red social? "En todos esos momentos usted entregó su información", dice Flórez, quien añade que esto también ocurre cada vez que se realiza una transacción o se contrata un servicio.
La irregularidad se da, a la luz de la nueva ley, cuando se engaña, porque se piden datos para una cosa pero se usan para otra. Un ejemplo de esto son algunas tentadoras rifas. "La información es tan valiosa que regalan un carro para obtenerla, pero no dicen que es para hacer una base de datos", dice Nelson Remolina, director de la especialización en derecho comercial de la Universidad de los Andes.
El superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, fue enfático en afirmar que la información usada para telemercadeo tendrá que contar -además- necesariamente con la autorización explícita del titular. "Si el ciudadano no fue informado plenamente sobre el uso que se hará de su información, esos datos no pueden usarse", dijo.
Las empresas de telemercadeo parecen no estar muy preocupadas por los alcances de la ley, aunque de infringirla podrían ser sancionadas hasta con 2.000 salarios mínimos y/o con su cierre definitivo. Carlos Mejía, gerente del contact center Avanza Colombia, respondió que, "más allá de si tenemos o no autorización, lo que necesitamos impulsar es la educación; algunos llaman los domingos y a horas que dan risa", dijo. Pero lo más grave no es el acoso o el mal uso que algunos contact centers hacen de los datos, sino cuando estos caen en manos ilegales, porque aquí si no hay posibilidad de control alguno.
"Las bases de datos se venden hasta en la calle; se filtran y pueden caer en manos de delincuentes que las usan para todo tipo de delitos, desde extorsiones hasta para engañar a la empleada del servicio doméstico de su casa", agregó.
Por ello, además de conocer la ley y saber a qué tiene derecho, conviene autoprotegerse. La próxima vez que llene un formulario mire bien a quién le está entregando sus datos.
Los alcances
¿Qué hacer si abusan de sus datos?
A la luz de la nueva ley, todo ciudadano tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información de las bases de datos, a menos que tenga el deber legal o contractual de permanecer en ellas. En caso de irregularidades, se debe acudir ante el responsable o el encargado del tratamiento de la información (el dueño de la base de datos o el que la usa) y si este no responde en un término de 15 días o la respuesta no es satisfactoria, podrá acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que está facultada, según la nueva ley, para ordenar, investigar y sancionar, si es el caso. La ley empezará a regir de manera inmediata, cuando sea sancionada por el Presidente, no obstante, las empresas que manejan datos, incluyendo las públicas, tendrán seis meses de gracias para ajustarse a ella. Pero la SIC los podrá investigar.
JORGE QUINTERO
Redacción Domingo
