"Mantener la democracia maestro" fue lo q dijo el Coronel (R) Plazas Vega en un tono airoso a los periodistas que lo entrevistaron cuando iniciaba la operación que buscaba recuperar el Palacio y desalojar los Guerrilleros del M-19.
Después de 24 años del 'HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA', hoy 09 de junio de 2010, la jueza 30 especializada profirió SENTENCIA CONDENATORIA contra el citado Coronel retirado por DESAPARICION FORZADA Y SECUESTRO. Decisión que podrá ser apelada por el Defensor del condenado para que sea el Tribunal Superior quien dirima esta causa.
Vale la pena anotar que éste es tan sólo un paso dentro del proceso, una vez se se conceda la apelación el expediente serà trasladado al tribunal anotado para lo de su competencia, el cual podrá confirmar la decisión de primera instancia o revocar la misma. En cualquiera de los caso a los intervinientes en el proceso bien sea en calidad de víctimas o condenado podrán interponer el RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN contra la sentencia del Tribunal.
Fue decisivo en el proceso, el abundante acervo probatorio en contra del Coronel Plazas; mas aún, y dotado de toda credibilidad, lo fueron dos testimonios de personas involucradas directamente con este episodio quienes en declaraciones totalmente coherentes y coincidentes demostraron en concepto de la Juez, la responsabilidad del encausado por las despariciones referidas.
La sentencia también determina compulsar copias para que la Fiscalía General investigue la cadena de mando incluye en Presidente de la República de la época Belisario Betancur.
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Versión del Elespectador.com
Condenan a 30 años de prisión a Coronel (r) Plazas por holocausto del Palacio
Por: Giovanni González Arango
Es la primera decisión judicial, 25 años después, en contra de los responsables de las desapariciones de civiles.
Tras ser considerado uno de los gestores de la desaparición de 11 civiles durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, fue condenado a prisión el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por decisión del Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá.
Luego de 24 años y cinco meses de la toma del Palacio de Justicia, una jueza encontró fundada la acusación en contra de Plazas, como responsable de la desaparición de los civiles que permanecían en la cafetería del recinto, en momentos en que 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el máximo escenario de la justicia en Colombia.
Según la investigación, el ex uniformado, estando al frente de la Artillería, hizo parte del Estado Mayor Especial, lo que le dio capacidad de mando en el manejo de los tanques que irrumpieron en el edificio.
La jueza del caso contó con abundante material probatorio de carácter documental y testimonial, a través del cual se comprobó que los detenidos en el Palacio de Justicia salieron con vida y que algunos sí estuvieron de manera transitoria en el museo de la Casa del Florero.
Durante el juicio se comprobó la presencia en la Casa del Florero de la guerrillera Irma Franco, una de las desaparecidas, como lo aseguró el ex uniformado Edgar Moreno, quien le tomó su número telefónico para avisarle a su familiares, entre ellos su hermano Jorge Franco Pineda, ex presidente del Club Los Millonarios. Así lo ratificó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá de la época, Félix Gallardo.
Según el agente (r) del B-2 del Ejército, Bernardo Garzón Garzón, exiliado en el extranjero, la joven militante del M-19 fue trasladada a las instalaciones de la Brigada 13 del Ejército, en el norte de la capital, donde habría sido torturada y asesinada.
La Jueza tuvo en cuenta la declaración del cabo (r) de la Séptima Brigada del Ejército, Tirso Sáenz, quien aseguró haber conducido un tanque Ururutú, en el que fueron transportados por los menos seis civiles desde el Palacio al Cantón Norte, en donde funciona la Brigada 13.
Dice el informe que, una vez allí, los civiles fueron conducidos a las caballerizas, donde fueron presionados para que revelaran datos relacionados con la operación adelantada por el M-19, como también lo afirmó el uniformado Edgar Villamizar Espinel,cuya credibilidad fue puesta en duda por los defensores del uniformado condenado.
La Jueza otorgó credibilidad a este testigo, pieza fundamental de una acusación que luego fue ratificada por Tirso Sáenz.
Como Villamizar, Sáenz fue controvertido por la defensa y la Procuraduría, al considerar como un hecho comprobado que los hombres de la Séptima Brigada, de la cual éste hacía parte, no tuvieron participación en la operación, como lo afirmó su Comandante de la época, el general (r) José Ignacio Posada, desmentido por el general (r) Rafael Samudio, que comandaba el Ejército Nacional en la época de los hechos.
Entre otros hechos trascendentes que rodean el caso, se cuentan las numerosas acciones de tutelas a través de las cuales se buscaba poner fin al proceso, el fallido traslado a prisión de Plazas, recluido en el Hospital Militar, así como el conflicto de competencias casado por la Jurisdicción Ordinaria y la Militar.
Luego de más de dos años en los que la Juez fue recusada en siete oportunidades y se vio obligada a redoblar su seguridad ante crecientes amenazas, determinó la responsabilidad del acusado en el delito de desaparición forzada por el cual fue llamado a juicio.
En la misma determinación la jueza ordenó compulsar copia a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen a todos los que formaron parte de la cadena de mando, incluyendo al Presidente de la República de la época, dijo la parte civil tras notificarse de la sentencia.
_________________________________Versión del Eltiempo.com.co
Condenado a 30 años de prisión coronel Plazas Vega, por el delito de desaparición forzada agravada
En la condena contra Alfonso Plazas Vega, conocida por eltiempo.com, la jueza Luz Stella Jara pide investigar también al presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El oficial (r.) fue condenado por la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia. A la justicia ordinaria le tomó 24 años y medio tomar una decisión en este caso.
Plazas Vega, quien era el jefe de la Escuela de Caballería, estuvo al frente de la retoma del Palacio, en noviembre de 1985.
La Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, halló a Plazas Vega responsable de la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio y de la guerrillera Irma Franco, quien salió viva de la edificación.
La Fiscalía logró probar ante la juez, que a las víctimas las trasladaron a la Escuela de Caballería, por orden de Plazas, y luego desaparecieron.
La Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, halló a Plazas Vega responsable de la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio y de la guerrillera Irma Franco, quien salió viva de la edificación.
La Fiscalía logró probar ante la juez, que a las víctimas las trasladaron a la Escuela de Caballería, por orden de Plazas, y luego desaparecieron.
En la condena contra Plazas Vega, la jueza Luz Stella Jara ordena que se compulsen copias para que se investigue al presidente Belisario Betancur (1982-1986), a toda la cúpula militar y policial de la época y a los organismos de seguridad.
La jueza dice que es casi un hecho que la toma del M-19 fue anunciada y que por eso se relajaron los mecanismos de protección del Palacio de Justicia.
También ordena investigar a una testigo que aseguró que una fotografía que según la Fiscalía correspondía a María del Pilar Guarín, una de las desaparecidas, correspondía en realidad a una imagen suya.
Luego de conocerse la condena a 30 años de prisión del coronel Plazas Vega, grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos frente al juzgado.
La Policía tuvo que intervenir para evitar las agresiones físicas entre los dos grupos.
Aunque el coronel logró salir de una instalación militar en la que estaba confinado alegando problemas médicos, Medicina Legal le realizó un exámen médico hace pocos días que concluyó que no tiene que estar bajo supervisión médica constante. Se espera que sea trasladado del Hospital Militar a un centro de detención que podría ser militar.
La primera condena por el caso
Plazas Vega es el primer militar condenado por el caso, que revivió en el 2005, en la administración del ex fiscal Mario Iguarán, y que tiene en líos a otros tres ex altos oficiales del Ejército (ver perfiles).
La Policía tuvo que intervenir para evitar las agresiones físicas entre los dos grupos.
Aunque el coronel logró salir de una instalación militar en la que estaba confinado alegando problemas médicos, Medicina Legal le realizó un exámen médico hace pocos días que concluyó que no tiene que estar bajo supervisión médica constante. Se espera que sea trasladado del Hospital Militar a un centro de detención que podría ser militar.
La primera condena por el caso
Plazas Vega es el primer militar condenado por el caso, que revivió en el 2005, en la administración del ex fiscal Mario Iguarán, y que tiene en líos a otros tres ex altos oficiales del Ejército (ver perfiles).
La jueza del caso le dió crédito a la posición de la Fiscalía, según la cual Plazas Vega, que era comandante de la Escuela de Caballería y quien dirigió personalmente el operativo de la retoma, tuvo manejo sobre el personal que salió con vida del Palacio de Justicia una vez fue recuperado por las Fuerzas Militares, el 7 de noviembre de 1985.
Los sobrevivientes fueron enviados a la Casa del Florero, donde personal militar de inteligencia, a órdenes del coronel Edilberto Sánchez, interrogó a varias personas, algunas de las cuales fueron enviados a instalaciones militares o policiales porque se tenía sospechas de que eran infiltrados del M-19.
Algunos de ellos denunciaron que fueron torturados. Once de esas personas desaparecieron, según la Fiscalía. En la Escuela de Caballería, según el testimonio de Édgar Villamizar, suboficial que se convirtió en pieza clave de la investigación, estuvieron al menos dos de ellos: Carlos Rodríguez, administrador de la Cafetería; y la guerrillera Irma Franco.
Plazas, que sostiene su inocencia y que apelará la decisión, ha dicho que no supo de la suerte de los once desaparecidos y asegura que él es víctima de una persecución política.
En 1991, el Congreso aprobó sendas leyes de indulto y amnistía que terminaron con el archivo definitivo de los procesos en contra de los jefes del M-19, la guerrilla que asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de hace 25 años.
En la Comisión de Acusación de la Cámara, entre tanto, hay una solicitud de la Fiscalía para que se revise la actuación del ex presidente Belisario Betancur, que ya había sido absuelto por el caso.
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